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Raúl Tardío López, de 43 años y natural de Badajoz, es abogado colegiado en el Iltre. Colegio de Abogados de Badajoz. Desde 2001 se dedica, especialmente, a un ámbito jurídico muy específico y sujeto a controversias, como es la función pública, caracterizado por una extenuante y confusa normativa que obliga a una permanente formación y actualización en Derecho Administrativo y Derecho Laboral. Raúl considera que el trabajo, la atención y la dedicación demuestran el firme compromiso de un abogado para con la defensa de los intereses de sus clientes. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Máster Universitario en Derecho Sanitario por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, se considera un absoluto apasionado del conocimiento (a los estudios de doctorado se suman numerosos cursos de formación jurídica así como la organización de jornadas de Derecho Sanitario), convencido del futuro de la mediación en la resolución de conflictos, incluidos por supuesto los sanitarios (mediador por el Consejo General de la Abogacía), asesor jurídico del Iltre. Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz, coautor de la obra “Ejercer como Enfermero” (publicado por la editorial Aranzadi) y cofundador de la Asociación AEPYDES y publica, en su blog, artículos jurídicos de interés. Lleva personalmente una cuenta en twitter centrada en el ámbito sanitario desde enero de 2015 ). Raúl tiene despacho propio, aunque cuenta con la colaboración de excelentes compañeros abogados como María de los Ángeles Calzadilla Gamero y Adolfo Fernández Díaz. Trabaja también como asesor jurídico del Iltre. Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz desde 2001. La materia sobre la que más trabaja es función pública. Colabora igualmente como abogado con el sindicato SGTEX para asuntos laborales y con el Colegio de Técnicos Radiólogos de Extremadura. Está especializado en Derecho Administrativo, Derecho Laboral y función pública. Está preparando una base de datos con informes jurídicos propios (anonimizados) que responden a consultas concretas, sobre todo en materias de función pública. Espera contar con unos 200 informes propios a finales de este año y sumar ese mismo número de informes jurídicos cada año. Su motivación fundamental para desempeñar este trabajo es conocer el funcionamiento de la Administración pública, su origen, los principios que la rigen, entre otras razones, para poner cerco a los abusos e injusticias laborales que se cometen en su seno, un día sí y otro también, sobre todo contra quienes trabajan en ella.
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Elena . M.
12.10.2023
Bufete de Abogados · Mérida, Badajoz
Abogada con más de 10 años de experiencia en el mundo jurídico, experiencia en actuaciones ante la administración y juzgados , con especialización principalmente en materia civil , penal y extranjería , dispuesta a resolver problemas de los clientes que buscan una solución efectiva .
MARTÍNEZ TOVAR, PROCURADOR
12.10.2023
Bufete de Abogados · Almendralejo, Badajoz
MARTÍNEZ TOVAR, PROCURADOR. Representación procesal en todo tipo de procedimientos judiciales ante los Juzgados y Tribunales de Badajoz, Márida, Cáceres, Almendralejo, Zafra, Villafranca de los Barros, Montijo, Don Benito, Villanueva de la Serena y Olivenza.
Manuel A. M. C.
12.10.2023
Bufete de Abogados · Badajoz, Badajoz
Soy esposo y padre, amigo de mis amigos, con la lealtad por bandera. Soy inconformista por naturaleza, siempre intentando mejorar como profesional y como persona. Por eso, estoy abierto a nuevos proyectos, en busca de nuevos retos para hacer un mundo mejor, de forma efectiva. Por mi experiencia...
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¿Cuál es el proceso que se debe seguir para pedir una cita con vd?
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¿Cuales son las etapas de un procedimiento contra la Administración Pública?
Digamos que quien decide enfrentarse a la Administración Pública, ya como empleado, ya como particular, tiene que agotar una primera fase (la administrativa) para darle la "oportunidad" a la Administración de rectificar los actos que han originado la situación conflictiva. De no conseguirlo (que suele ser lo habitual), esto es, tras agotar esa vía administrativa, se abre entonces la posibilidad de acudir a la vía judicial (que será la jurisdicción Contencioso-administrativa, salvo para el personal laboral o para materias concretas). No suelen ser, por estos motivos, procesos cortos.
¿Cuánto tiempo en promedio podría durar un juicio contencioso administrativo? ¿Qué factores afectan este tiempo?
La duración dependerá de la clase de procedimiento (si es abreviado, ordinario, para la protección de derechos fundamentales, etc) y de si la sentencia que se dicte en primera instancia es o no recurrible. En Extremadura, un proceso judicial contencioso-administrativo puede prolongarse, en primera instancia (desde la presentación de la demanda), unos cinco meses. Si la sentencia que se dicte es recurrible, sumaríamos unos dos meses más. Eso sí, es preferible pecar de prudente antes de aventurarse a hablar de plazos, porque cada caso es diferente. Siempre serán aproximados. En la jurisdicción social sucede lo mismo y, en Extremadura, los plazos son parecidos a los de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
¿Cuáles son, en breve, los derechos de un administrado/sancionado mientras no sea sancionado?
Lo primero que hay que precisar, es que tanto el personal que trabaja para la Administración Pública como cualquier otro ciudadano están sometidos a la potestad disciplinaria (primer caso) y sancionadora (segundo caso). Se trata del Derecho punitivo del que goza la Administración. Es decir, ante una posible comisión de una infracción tipificada legalmente, la Administración está habilitada para actuar/reprender a sus empleados/ ciudadanos. Eso sí, incoando en todo caso el preceptivo procedimiento administrativo a fin de garantizar el fundamental derecho de defensa de quien es objeto del mismo. Y tendrá que ser en el curso de ese procedimiento donde se puedan acordar, de forma motivada, medidas provisionales (cautelares) para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Medidas que, claro está, puedan afectar a la esfera de derechos del expedientado. Por ejemplo, en el concreto ámbito del personal estatutario que trabaja en Sanidad, el artículo 75.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud establece que: <
Preguntas frecuentes
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