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Rafael Moya Marín es un cordobés de 42 años apasionado del trabajo bien hecho. Su actividad profesional comenzó por la asesoría fiscal, pasando por varias empresas constructoras cordobesas como asesor jurídico de contratación, y finalizando su trabajo por cuenta ajena en dos despachos de abogados, uno de ámbito local y otro de ámbito nacional, hasta que decidió que para ejercer la abogacía de manera libre, independiente y con criterio propio, el único camino era el del emprendimiento individual y en solitario. En 2013 inició su andadura en solitario, en lo que iban a ser dos años francamente duros, pero de enorme aprendizaje personal y profesional. Fue en una organización de networking (BNI) donde encontró el punto de apoyo que le permitiera desarrollarse personal y profesionalmente alcanzando metas a pasos agigantados, descubriendo que si quería llegar rápido debía continuar solo, pero que si quería llegar lejos a las metas que se propusiera, debía caminar en equipo. Ahí es donde surge EQ Abogados & Consultores, un equipo formado por profesionales jurídicos y de la consultoría de empresas, con los que está alcanzando las metas que se va proponiendo de una manera más segura. En conclusión, en su trayectoria profesional se han producido cambios que le han llevado a salir de su zona de confort en varias ocasiones, pero que sin duda le han puesto en la senda adecuada para alcanzar la estabilidad profesional arropado por un gran equipo humano, el de su grupo de BNI Profesionales y el de su familia de EQ Abogados & Consultores. Su área de especialización es la que está más enfocada al derecho de las personas, al trato personal y directo con el cliente. Fundamentalmente, Rafael está especializado en las jurisdicciones civil (con especialización en derecho de familia) y penal. Dentro de sus áreas de especialización le gustaría alcanzar la excelencia y alcanzar el prestigio que otros compañeros han alcanzado, fruto de su esfuerzo, su sacrificio y su continua formación. Los problemas que padecen sus clientes, en las áreas de especialización referidas, son de índole personal y con un alto nivel de implicación sentimental, ya que las relaciones con sus hijos y, en ocasiones, su propia libertad es lo que ponen en manos de la labor de Rafael y de su asesoramiento jurídico. Esto supone una gran responsabilidad, que asume con mucho respeto. Rafael nos explica que, después de conocer distintas áreas de trabajo más frías y distantes de lo personal, como pueden ser los impuestos, la contabilidad o la contratación empresarial, descubrió que lo que realmente le satisface es ayudar a las personas en los problemas de mayor carga emocional que pueden padecer. Y es eso precisamente lo que le empuja día a día a seguir esforzándose, a continuar formándose y a buscar por todos los medios la solución que más paz genere al cliente, que ha depositado en él su confianza.

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El primero, sin duda, debe ser intentar mediar entre las dos partes. Por muy enconada que esté la situación inicialmente, siempre es mejor que las partes regulen entre sí lo que va a suponer el día a día de la relación entre ellos y respecto a sus hijos, a partir del divorcio o la separación, a que lo regule un tercero. Dicho tercero será el Juez a quien corresponda el procedimiento. De no haber acuerdo entre las partes, será el Juez quien establezca pautas relacionales y estas podrían no satisfacer a ninguna de las partes en el cumplimiento del régimen de guarda y custodia que se establezca en la sentencia de divorcio. Si no fuera factible alcanzar un acuerdo, que puede alcanzarse en cualquier fase del procedimiento, ya sea al inicio, durante la tramitación de la demanda y la contestación, e incluso instantes antes a la celebración del juicio, no queda otra opción que interponer la demanda de divorcio según los intereses que tenga tu cliente y la viabilidad de los mismos, o contestar la demanda que ha interpuesto la otra parte. Después de la fase de interposición de demanda y de contestación a la misma, se cita a las partes a juicio, donde cada parte defiende su postura con las pruebas que justifiquen la necesidad de adoptar un régimen u otro, o de fijar unas cuantías de pensión alimenticia (la que se abona a favor del sustento de los hijos) y/o compensatoria (la que se abona a favor del cónyuge al que le ha supuesto el divorcio un importante desequilibrio económico, siempre que concurran una serie de parámetros y/o requisitos) u otra. En los procedimientos de divorcio, siempre que existan hijos menores de edad, también comparecerá el Ministerio Fiscal, quién velará por el interés superior de los menores. Una vez finalizado el juicio, el acto procesal siguiente es la sentencia que acuerda el divorcio con las medidas personales y económicas que a partir de ese momento regirán las relaciones de los ex cónyuges entre sí y de estos con sus hijos.
Desde hace varios años, la fijación de honorarios entre abogado y cliente es libre, siempre que no sean abusivos. En el coste de un divorcio de mutuo acuerdo se debe considerar si también hay que proceder a la liquidación de la sociedad de gananciales. En ese caso el coste de los honorarios se eleva más según el valor del patrimonio ganancial que haya que liquidar. En cuanto al coste medio de un divorcio de mutuo acuerdo, hay que estar al caso concreto y a los distintos escenarios que haya que regular a través del Convenio Regulador. Sin incluir la liquidación de la sociedad de gananciales, el coste podría oscilar orientativamente entre 1.200 euros y 1.700 euros más IVA, ya que no olvidemos que el Abogado asume una gran responsabilidad en la labor de mediación y en el asesoramiento de las relaciones personales y económicas por las que se rijan los cónyuges a partir de la ratificación del convenio regulador en el Juzgado.
El principal asesoramiento comienza con la sobreinformación con la que el cliente acude a nuestro despacho, obtenida de todos los medios a su alcance: las redes sociales, una sentencia que han leído en Google, o la experiencia del divorcio de su primo, de una amiga o del compañero de trabajo que se divorció la semana pasada. Esa es la primera barrera con la que nos enfrentamos, y debemos dejar claro desde el momento inicial que cada proceso de divorcio es único en sí mismo, por lo que cada familia y las circunstancias personales y económicas de cada uno son distintas. A partir de ahí, los problemas a resolver son dos, básicamente: el régimen de guarda y custodia que hay que establecer cuando existen hijos menores de edad y las cuestiones económicas relativas a la pensión de alimentos que hubiera que abonar, los gastos extraordinarios (aquellos que no son previsibles de un año para otro) que surjan y, en los casos en los que exista realmente un desequilibrio entre los cónyuges con ocasión del divorcio, el establecimiento de una pensión compensatoria para el cónyuge que sufre el desequilibrio, fijando su cuantía y su temporalidad.
Es necesario porque así lo exige la Ley, en concreto el artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Acudir a un abogado especialista en este tipo de procesos (divorcios y separaciones) es aconsejable desde el primer momento en el que se plantea una posible ruptura matrimonial o de pareja. Siempre será muy útil contar con el consejo de un abogado que vaya asesorando paso a paso desde el minuto 1, por las posibles consecuencias que puede tener actuar de una u otra forma, y siempre mantenerse al margen de consejos de consejos de personas que son ajenas a la realidad actual de los procesos de divorcio.